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Protección de información personal

Protección de información personal

Objetivos del módulo. No Protección de información personal suficiente con eliminar los Proteección utilizando los comandos del teclado porque los infotmación podrían permanecer archivados en el disco duro perspnal la jnformación portátil. Protección de información personal datos informacióm sensibles Los datos personales "sensibles" incluyen Asesoría financiera gratuita Protección de información personal personales combinados con cualquiera de los siguientes otros datos: El origen racial o étnico de los interesados, Sus opiniones políticas, Sus creencias religiosas u otras creencias de naturaleza similar, Si son miembros de sindicatos u asociaciones gremiales Su salud o estado físico o mental, Su vida sexual, La comisión o presunta comisión de cualquier delito, o Cualquier procedimiento por cualquier delito cometido o presuntamente cometido, la disposición de tales procedimientos o la sentencia de cualquier tribunal en tales procedimientos.

Protección de información personal -

Elabore un plan para responder a las violaciones de seguridad. Sepa cuál es la información personal que tiene almacenada en sus registros y computadoras. CONTROL DE SEGURIDAD Pregunta: ¿Existe alguna ley que disponga que mi compañía debe mantener protegida la información confidencial?

Para detectar dónde su compañía almacena los datos delicados, haga un inventario de todas las computadoras de escritorio desktop y portátiles laptop , aparatos móviles, dispositivos de memoria flash, discos, computadoras en el hogar, copiadoras digitales y demás equipos.

También haga un inventario de la información almacenada clasificándola por tipo y locación. Para realizar el inventario puede comenzar por sus archivos y sistemas de computación. Pero recuerde que su negocio recibe información personal de varias maneras — a través de sitios Web, contratistas, centros de llamadas y fuentes similares.

No se puede dar por terminado el inventario hasta tanto haya verificado cada uno de los lugares donde se pudiera haber almacenado información delicada. Localice la información personal registrada en su negocio hablando con el personal de ventas, tecnología, recursos humanos, contabilidad y con los proveedores de servicios externos.

De esta manera podrá obtener un panorama completo de los siguientes temas: Quién envía información personal delicada a su negocio. Cómo recibe su negocio la información personal. Qué tipo de información recolecta en cada uno de los puntos de entrada. Dónde mantiene archivada la información que recolecta en cada punto de entrada.

Quién tiene — o podría tener — acceso a la información. Cada tipo de información presenta diferentes tipos de riesgos.

Preste particular atención a registros de información de identificación personal: números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y financiera en general y otros datos confidenciales. Estos son los datos más comúnmente utilizados por los ladrones para cometer fraude o incurrir en robo de identidad.

REDUZCA SUS ARCHIVOS Mantenga solamente la información que necesita para manejar su negocio. Utilice los números de Seguro Social solamente para fines legales y obligatorios — como por ejemplo para reportar los impuestos de sus empleados.

No use innecesariamente los números de Seguro Social — por ejemplo para identificar a los empleados o clientes o sencillamente porque siempre los utilizó para ese fin. La ley establece que usted debe abreviar — o truncar — la información de los datos de las tarjetas de crédito o débito de los recibos que les entrega a los clientes.

Usted solamente puede imprimir en los recibos los últimos cinco dígitos del número de la tarjeta y debe eliminar la fecha de expiración. No conserve la información de las tarjetas de crédito de los clientes a menos que sea realmente necesario. Por ejemplo, no retenga el número de cuenta y fecha de expiración a menos que tenga una necesidad comercial.

Al mantener estos datos en sus registros — o al conservarlos por más tiempo que lo necesario — está aumentando el riesgo de que la información pueda ser utilizada para cometer fraude o robo de identidad.

Revise las configuraciones del programa software que lee los números de las tarjetas de crédito de sus clientes y que procesa las transacciones.

Algunas veces este está configurado por el fabricante para que la información se guarde permanentemente. Para estar seguro de que no está guardando información innecesaria inadvertidamente, cambie la configuración. Si debe mantener archivada la información por razones comerciales o legales, desarrolle normas escritas de retención de registros para identificar el tipo de información que debe conservarse, cómo resguardarla, el período de tiempo durante el que debe conservarse y como desecharla de manera segura cuando ya no la necesite.

CONTROL DE SEGURIDAD Pregunta: En mi negocio queremos tener la información correcta de nuestros clientes y para eso, creamos un archivo permanente en el que registramos todos los aspectos de sus transacciones, incluso la información contenida en las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito.

Mantenga archivados los datos delicados en su sistema solamente mientras tenga una necesidad comercial legítima para guardar ésta información. Cuando ya no la necesite deséchela correctamente.

Si no está archivada en su sistema, no podrá ser robada por hackers o intrusos. CIERRE CON LLAVE. SEGURIDAD FÍSICA Muchos de los incidentes que comprometen la información suceden a la vieja usanza — a través del robo o pérdida de documentos en papel.

Guarde los documentos, archivos, CD, disquetes, unidades zip , cintas y copias de seguridad que contengan información personal en un cuarto cerrado con llave o en un archivo con llave.

Limite el acceso a estos archivos solamente a aquellos empleados que realmente necesiten consultarlos por una razón relacionada a la operación del negocio. Lleve un control de la cantidad de llaves que existen y de las personas que tienen acceso a ellas.

Exija que todas las carpetas con información personal identificable sean mantenidas en archiveros con llave, excepto cuando un empleado está trabajando con la carpeta. Recuérdeles a los empleados que no deben dejar documentos con información delicada sobre sus escritorios cuando no están en sus puestos de trabajo.

Exija a sus empleados que al finalizar la jornada de trabajo guarden las carpetas en los archiveros, se desconecten de la red log off y que cierren con llave las puertas de la oficina y de los archiveros. Implemente controles de acceso adecuados al tipo de instalación de su negocio.

Informe a sus empleados qué es lo que deben hacer si ven a un desconocido dentro de su negocio. Si almacena información en un lugar fuera de su negocio, limite el acceso de los empleados permitiendo el ingreso solamente a aquellos que realmente necesiten acceder a la información por razones comerciales.

Lleve un control de las personas que acceden al archivo y las ocasiones en que lo hacen. Si envía información delicada a través de contratistas o transportistas externos, encripte o cifre la información y mantenga un inventario de la información enviada.

Además, use un servicio de entrega urgente ya que esto le permitirá hacer un seguimiento de la entrega de la información. Si en su negocio se usan aparatos que recolectan información delicada, como un dispositivo para ingresar números de identificación personal o PIN pads , tome las medidas de seguridad necesarias para que los ladrones de identidad no puedan forzarlos o manipularlos indebidamente.

También incluya estos dispositivos en su inventario para asegurarse de que no se los cambien por otros. SEGURIDAD ELECTRÓNICA La seguridad de su sistema de computación no es solamente el área de su personal de tecnología. Seguridad General de la Red Identifique las computadoras o servidores en donde se almacena la información personal delicada.

Identifique todas las conexiones a las computadoras en las que se almacena información delicada. Estas pueden incluir Internet, cajas registradoras electrónicas, computadoras instaladas en sus sucursales, computadoras utilizadas por proveedores de servicios que proveen apoyo a su red, las conexiones de las copiadoras digitales y aparatos inalámbricos como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles tipo tablet o escáneres para inventario.

Evalúe la vulnerabilidad de cada una de las conexiones a los ataques más conocidos o previsibles. Dependiendo de las circunstancias individuales de su negocio, las evaluaciones adecuadas para cada caso pueden variar desde contar con un empleado con conocimientos informáticos que active un programa software de seguridad comercial hasta la contratación de un profesional independiente que realice una auditoría de seguridad a gran escala.

No almacene datos delicados de los consumidores en ninguna computadora conectada a Internet a menos que sea indispensable para operar su negocio. Encripte o cifre la información delicada que le envía a terceros a través de redes de uso público por ejemplo, Internet , y también considere encriptar la información delicada que se almacena en su red de computadoras o en discos u otros dispositivos portátiles de almacenamiento de datos utilizados por sus empleados.

Asimismo, considere encriptar mensajes de correo electrónico si contienen información personal identificable. Active con regularidad programas antivirus y anti-spyware actualizados en todas las computadoras individuales y servidores de su red.

Visite con regularidad los sitios Web especializados por ejemplo www. org y el de su proveedor de programas software para consultar las alertas sobre nuevas vulnerabilidades e implemente normas para instalar los parches de seguridad aprobados por su proveedor para corregir los problemas.

Considere implementar una norma para impedir que sus empleados descarguen programas software no autorizados. Los programas software que se descargan a los aparatos que están conectados a su red computadoras, teléfonos inteligentes y computadoras portátiles tipo tablet pueden usarse para distribuir malware.

Examine las computadoras de su red para identificar y configurar el sistema operativo y los servicios de red abiertos. Si encuentra servicios innecesarios, desactívelos para prevenir ataques de hackers u otros potenciales problemas de seguridad.

Por ejemplo, si no es necesario que una computadora determinada esté conectada al servicio de e-mail o a Internet, considere cerrar los servicios en esa computadora para evitar el acceso no autorizado de esa terminal. Cuando reciba o transmita información de tarjetas de crédito u otros datos financieros delicados, use el estándar de seguridad llamado Secure Sockets Layers SSL o alguna otra conexión segura que proteja la información transmitida.

Preste atención especial a la seguridad de sus aplicaciones Web — el software utilizado para darle información a los visitantes de su sitio Web y para captar la información de los visitantes. Las aplicaciones Web pueden ser particularmente vulnerables a una variedad de ataques de hackers.

Una vez que tengan acceso a su sistema, los hackers transfieren información delicada desde su red a sus propias computadoras. Existen defensas relativamente simples contra estos ataques y están disponibles en una variedad de fuentes. CONTROL DE SEGURIDAD Pregunta: En mi negocio encriptamos los datos financieros que nuestros clientes ingresan en nuestro sitio Web.

Pero después de recibirlos los desciframos y los enviamos por e-mail en formato de texto a través de Internet hacia nuestras sucursales. El correo electrónico común no es un método seguro para enviar datos delicados.

Lo mejor es encriptar o cifrar todas las transmisiones que contengan información que pueda ser utilizada por defraudadores o ladrones de identidad. Los expertos en seguridad tecnológica dicen que cuanto más extensa sea la contraseña, mayor será la seguridad de la misma.

Debido a que las contraseñas simples — como por ejemplo las palabras que figuran en los diccionarios — pueden ser descubiertas fácilmente, insista que sus empleados elijan contraseñas que contengan una combinación de letras, números y signos. Exija que el nombre de usuario y la contraseña de los empleados sean diferentes y que se cambien frecuentemente.

Explíqueles a sus empleados por qué compartir las contraseñas o colocarlas cerca del escritorio de trabajo viola las normas de seguridad de la compañía.

Utilice protectores de pantalla activados por contraseña para bloquear las computadoras de los empleados luego de un período de inactividad. Bloquee a los usuarios que no ingresen la contraseña correcta dentro de un determinado número de intentos de conectarse al sistema.

Advierta a los empleados sobre posibles llamadas telefónicas provenientes de ladrones de identidad que tienen intención de engañarlos para que les den sus contraseñas haciéndose pasar por miembros del personal de tecnología de su compañía.

Infórmeles a sus empleados que las llamadas de este tipo son siempre fraudulentas y que nadie debería revelar sus contraseñas. Cuando instale un programa software nuevo, cambie inmediatamente las contraseñas predeterminadas por el proveedor del programa por otra contraseña más segura e inviolable.

Adviértales a sus empleados que no transmitan datos de identificación personal delicada — números de Seguro Social, contraseñas, información de cuentas — vía e-mail.

El correo electrónico sin encriptación no es un medio seguro para transmitir ningún tipo de información.

CONTROL DE SEGURIDAD Pregunta: El personal de contabilidad de nuestro negocio necesita acceder a la información financiera de nuestros clientes que está archivada en nuestra base de datos.

Para que sea más fácil de recordar la contraseña usamos el nombre de la compañía. También usan programas que exploran palabras y fechas que se usan comúnmente. Para hacerle más difícil que entren en su sistema, seleccione contraseñas sólidas — cuanto más extensas mejor — utilizando una combinación de letras, símbolos y números y cambiándolas frecuentemente.

Seguridad de las Computadoras Portátiles Restrinja el uso de computadoras portátiles solamente a aquellos empleados que las necesiten para realizar sus tareas.

Evalúe si es realmente necesario almacenar la información delicada en una computadora portátil. Si no fuera necesario, elimínela con un programa de borrado wiping que sobrescriba los datos guardados en la computadora portátil.

No es suficiente con eliminar los archivos utilizando los comandos del teclado porque los datos podrían permanecer archivados en el disco duro de la computadora portátil. Estos programas de borrado se consiguen en la mayoría de los comercios especializados en artículos de oficina.

Exija a sus empleados que guarden las computadoras portátiles en un lugar seguro. Aún cuando las computadoras portátiles estén en uso considere un cable y candado para asegurarlas al escritorio de los empleados. Considere autorizar a los usuarios de computadoras portátiles que accedan a la información delicada, pero no les permita almacenarla en sus computadoras portátiles.

Bajo este esquema, la información se almacena en una computadora central protegida y las computadoras portátiles funcionan como terminales que muestran la información desde la computadora central pero que no la almacenan.

También podría aumentar el nivel de protección de la información requiriendo que para acceder a la computadora central se utilice algún dispositivo de identificación como una ficha, smart card , huella digital u otra medida biométrica de seguridad — además del ingreso de una contraseña.

Cuando se almacena información delicada en una computadora portátil se deben encriptar los datos o se debe configurar de manera tal que los usuarios no puedan descargar ningún programa software ni cambiar las configuraciones de seguridad sin la aprobación de su especialista en tecnología informática.

Capacite a sus empleados para que esten atentos a la seguridad de la información cuando se encuentran fuera de su negocio.

Nunca deben dejar una computadora portátil en un lugar visible dentro de un automóvil, en el depósito de equipaje de un hotel, o dentro del equipaje de viaje a menos que así se lo indique el personal de seguridad del aeropuerto.

Si alguien tuviera la necesidad de dejar una computadora portátil en el auto, debe guardarla en el baúl del vehículo. Todo aquel que pase por seguridad en un aeropuerto debe mantener la mirada atenta a la computadora portátil mientras pasa por la cinta.

Programas Firewalls Para proteger su computadora de ataques de hackers mientras está conectada a Internet use un programa firewall. Un firewall es un programa software o hardware diseñado para bloquear el acceso de los hackers a su computadora.

Un programa firewall correctamente configurado obstaculiza los intentos de los hackers para localizar su computadora e introducirse en sus programas y archivos. Determine si es necesario instalar un firewall tipo border firewall en el lugar donde su computadora se conecta con Internet.

Un border firewall separa su red del Internet y puede prevenir que un atacante logre acceder a una computadora conectada a la red en la que almacena información delicada.

Revise periódicamente los controles de acceso ya que la protección que brinda un firewall solamente es efectiva si los controles de acceso estan correctamente configurados. Si almacena información delicada solamente en algunas de las computadoras de su compañía, considere utilizar programas firewalls adicionales para proteger éstas computadoras.

Acceso Inalámbrico y Remoto Determine si en su negocio existen dispositivos inalámbricos como por ejemplo teléfonos inteligentes, computadoras portátiles tipo tablet o escáneres para inventario que podrían conectarse a su red de computadoras o ser utilizados para transmitir información delicada.

Si así fuera, considere limitar la cantidad de empleados que tienen permitido usar una conexión inalámbrica para acceder a su red de computadoras.

Usted puede obstaculizarle el acceso a la red a un intruso limitando la cantidad de dispositivos o aparatos inalámbricos conectados a su red. Aún mejor, considere encriptar los contenidos para impedir que un intruso pueda leerlos.

Si permite acceso remoto a su red network a sus empleados o proveedores de servicios como los que prestan asistencia técnica y actualización de programas para procesar compras con tarjeta de crédito, debe considerar encriptar sus archivos.

Copiadoras Digitales En su plan de seguridad de la información debe incluir las copiadoras digitales que se utilizan en su compañía. Algunas recomendaciones para proteger los datos delicados almacenados en los discos duros de las copiadoras digitales: Cuando esté por comprar una copiadora digital, haga participar al personal de la sección de tecnología de la información.

Los empleados que se ocupan de la seguridad de sus computadoras también deben asumir la responsabilidad de proteger los datos almacenados en las copiadoras digitales.

Cuando compre o alquile una copiadora, considere las funciones de seguridad que le ofrece cada aparato, ya sea las que vienen incorporadas regularmente de fábrica como los accesorios para instalar como complemento. Por lo general, son funciones para encriptar o sobrescribir datos.

La encriptación codifica los datos en el disco duro para que solamente se puedan leer usando un software particular. La función para sobrescribir datos — también conocida como función de borrado o eliminación definitiva de archivos — reemplaza los datos existentes con caracteres aleatorios, dificultando las probabilidades de que otro usuario logre reconstruir un archivo.

Cuando haya elegido una copiadora para su compañía, aproveche todas las funciones de seguridad que le ofrezca.

Puede establecer la cantidad de veces que quiere que se sobrescriban los datos — en general, cuanto más veces se sobrescriban los datos más difícil será recuperarlos. Además, dé instrucciones precisas para que el personal de su oficina se acostumbre a sobrescribir el disco duro de las copiadoras por lo menos una vez por mes.

Cuando devuelva una copiadora alquilada o cuando deseche una de su propiedad, averigüe si se puede retirar el disco duro y destruirlo, o si se pueden sobrescribir los datos almacenados en el disco duro.

Para evitar roturas en la máquina, pídale a un técnico capacitado que retire el disco duro. Cómo Detectar las Violaciones del Sistema de Datos Para detectar una violación de la red del sistema de datos considere utilizar un sistema de detección de intrusión.

Para que este sistema resulte efectivo contra los nuevos tipos de ataques de los hackers se debe actualizar regularmente. Mantenga un registro central de la información relacionada a la seguridad para poder monitorear la actividad de su red y detectar y responder a los ataques.

Si se produce un ataque a su red, el registro le brindará la información necesaria para detectar las computadoras comprometidas. Monitoree el tráfico entrante de transmisiones para detectar señales que indiquen que alguien está tratando de acceder indebidamente.

Manténgase atento a la actividad de usuarios nuevos, múltiples intentos de conectarse al sistema desde computadoras ajenas o de parte de usuarios desconocidos y un tráfico más alto de lo normal a horas del día inhabituales.

Monitoree el tráfico saliente de transmisiones para detectar señales de una violación del sistema de datos. Esté atento a la transmisión de una gran cantidad de datos que imprevistamente empiezan a ser transmitidos desde su sistema hacia un usuario desconocido.

En el caso de que se transmita una gran cantidad de datos desde su red, investigue el caso para asegurarse de que la transmisión esté autorizada. Tenga listo e implemente un plan de respuesta para casos de violación del sistema de datos.

Para más información, consulte el punto 5. Antes de contratar empleados nuevos que tendrán acceso a información delicada, verifique sus referencias y antecedentes. Exija que cada empleado nuevo firme un documento en el que exprese que cumplirá con las normas de confidencialidad y seguridad que han sido establecidos por su compañía para controlar el manejo de los datos delicados.

Asegúrese de que los empleados nuevos comprendan que una parte esencial de sus tareas es adoptar e implementar las normas del plan de protección de la información mantenida por la compañía.

Recuérdeles regularmente las normas de su compañía — y cualquier otro requerimiento legal — para mantener la seguridad y confidencialidad de la información. Así, el principio de seguridad jurídica, en su vertiente positiva, obliga a los Estados miembros a integrar el ordenamiento europeo en el interno de una manera lo suficientemente clara y pública como para permitir su pleno conocimiento tanto por los operadores jurídicos como por los propios ciudadanos, en tanto que, en su vertiente negativa, implica la obligación para tales Estados de eliminar situaciones de incertidumbre derivadas de la existencia de normas en el Derecho nacional incompatibles con el europeo.

De esta segunda vertiente se colige la consiguiente obligación de depurar el ordenamiento jurídico. En definitiva, el principio de seguridad jurídica obliga a que la normativa interna que resulte incompatible con el Derecho de la Unión Europea quede definitivamente eliminada «mediante disposiciones internas de carácter obligatorio que tengan el mismo valor jurídico que las disposiciones internas que deban modificarse» Sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de , asunto Comisión vs.

España; de 13 de julio de , asunto Comisión vs. Francia; y de 15 de octubre de , asunto Comisión vs. Por último, los reglamentos, pese a su característica de aplicabilidad directa, en la práctica pueden exigir otras normas internas complementarias para hacer plenamente efectiva su aplicación.

En este sentido, más que de incorporación cabría hablar de «desarrollo» o complemento del Derecho de la Unión Europea. La adaptación al Reglamento general de protección de datos, que será aplicable a partir del 25 de mayo de , según establece su artículo 99, requiere, en suma, la elaboración de una nueva ley orgánica que sustituya a la actual.

En esta labor se han preservado los principios de buena regulación, al tratarse de una norma necesaria para la adaptación del ordenamiento español a la citada disposición europea y proporcional a este objetivo, siendo su razón última procurar seguridad jurídica. Internet, por otra parte, se ha convertido en una realidad omnipresente tanto en nuestra vida personal como colectiva.

Una gran parte de nuestra actividad profesional, económica y privada se desarrolla en la Red y adquiere una importancia fundamental tanto para la comunicación humana como para el desarrollo de nuestra vida en sociedad.

Ya en los años noventa, y conscientes del impacto que iba a producir Internet en nuestras vidas, los pioneros de la Red propusieron elaborar una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Internet.

Hoy identificamos con bastante claridad los riesgos y oportunidades que el mundo de las redes ofrece a la ciudadanía. Corresponde a los poderes públicos impulsar políticas que hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en Internet promoviendo la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en los que se integran para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital.

La transformación digital de nuestra sociedad es ya una realidad en nuestro desarrollo presente y futuro tanto a nivel social como económico. En este contexto, países de nuestro entorno ya han aprobado normativa que refuerza los derechos digitales de la ciudadanía.

Los constituyentes de ya intuyeron el enorme impacto que los avances tecnológicos provocarían en nuestra sociedad y, en particular, en el disfrute de los derechos fundamentales.

Una deseable futura reforma de la Constitución debería incluir entre sus prioridades la actualización de la Constitución a la era digital y, específicamente, elevar a rango constitucional una nueva generación de derechos digitales.

Pero, en tanto no se acometa este reto, el legislador debe abordar el reconocimiento de un sistema de garantía de los derechos digitales que, inequívocamente, encuentra su anclaje en el mandato impuesto por el apartado cuarto del artículo 18 de la Constitución Española y que, en algunos casos, ya han sido perfilados por la jurisprudencia ordinaria, constitucional y europea.

Esta ley orgánica consta de noventa y siete artículos estructurados en diez títulos, veintidós disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dieciséis disposiciones finales.

El Título I, relativo a las disposiciones generales, comienza regulando el objeto de la ley orgánica, que es, conforme a lo que se ha indicado, doble. A su vez, establece que el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo Las comunidades autónomas ostentan competencias de desarrollo normativo y ejecución del derecho fundamental a la protección de datos personales en su ámbito de actividad y a las autoridades autonómicas de protección de datos que se creen les corresponde contribuir a garantizar este derecho fundamental de la ciudadanía.

En segundo lugar, es también objeto de la ley garantizar los derechos digitales de la ciudadanía, al amparo de lo dispuesto en el artículo Destaca la novedosa regulación de los datos referidos a las personas fallecidas, pues, tras excluir del ámbito de aplicación de la ley su tratamiento, se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos, así como su rectificación o supresión, en su caso con sujeción a las instrucciones del fallecido.

También se recoge expresamente el deber de confidencialidad, el tratamiento de datos amparado por la ley, las categorías especiales de datos y el tratamiento de datos de naturaleza penal, se alude específicamente al consentimiento, que ha de proceder de una declaración o de una clara acción afirmativa del afectado, excluyendo lo que se conocía como «consentimiento tácito», se indica que el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que se otorga para todas ellas, y se mantiene en catorce años la edad a partir de la cual el menor puede prestar su consentimiento.

Se podrán igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras, cuando ello derive del ejercicio de potestades públicas o del cumplimiento de una obligación legal y solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el reglamento europeo, cuando derive de una competencia atribuida por la ley.

Así, por ejemplo, la prestación del consentimiento no dará cobertura a la creación de «listas negras» de sindicalistas, si bien los datos de afiliación sindical podrán ser tratados por el empresario para hacer posible el ejercicio de los derechos de los trabajadores al amparo del artículo 9.

d de la misma norma europea. También en relación con el tratamiento de categorías especiales de datos, el artículo 9. Dicha previsión no sólo alcanza a las disposiciones que pudieran adoptarse en el futuro, sino que permite dejar a salvo las distintas habilitaciones legales actualmente existentes, tal y como se indica específicamente, respecto de la legislación sanitaria y aseguradora, en la disposición adicional decimoséptima.

El Reglamento general de protección de datos no afecta a dichas habilitaciones, que siguen plenamente vigentes, permitiendo incluso llevar a cabo una interpretación extensiva de las mismas, como sucede, en particular, en cuanto al alcance del consentimiento del afectado o el uso de sus datos sin consentimiento en el ámbito de la investigación biomédica.

A tal efecto, el apartado 2 de la Disposición adicional decimoséptima introduce una serie de previsiones encaminadas a garantizar el adecuado desarrollo de la investigación en materia de salud, y en particular la biomédica, ponderando los indudables beneficios que la misma aporta a la sociedad con las debidas garantías del derecho fundamental a la protección de datos.

El Título III, dedicado a los derechos de las personas, adapta al Derecho español el principio de transparencia en el tratamiento del reglamento europeo, que regula el derecho de los afectados a ser informados acerca del tratamiento y recoge la denominada «información por capas» ya generalmente aceptada en ámbitos como el de la videovigilancia o la instalación de dispositivos de almacenamiento masivo de datos tales como las «cookies» , facilitando al afectado la información básica, si bien, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

A continuación, la ley orgánica contempla los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, derecho a la limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad. En el Título IV se recogen «Disposiciones aplicables a tratamientos concretos», incorporando una serie de supuestos que en ningún caso debe considerarse exhaustiva de todos los tratamientos lícitos.

Dentro de ellos cabe apreciar, en primer lugar, aquellos respecto de los que el legislador establece una presunción «iuris tantum» de prevalencia del interés legítimo del responsable cuando se lleven a cabo con una serie de requisitos, lo que no excluye la licitud de este tipo de tratamientos cuando no se cumplen estrictamente las condiciones previstas en el texto, si bien en este caso el responsable deberá llevar a cabo la ponderación legalmente exigible, al no presumirse la prevalencia de su interés legítimo.

Junto a estos supuestos se recogen otros, tales como la videovigilancia, los ficheros de exclusión publicitaria o los sistemas de denuncias internas en que la licitud del tratamiento proviene de la existencia de un interés público, en los términos establecidos en el artículo 6.

Finalmente, se hace referencia en este Título a la licitud de otros tratamientos regulados en el Capítulo IX del reglamento, como los relacionados con la función estadística o con fines de archivo de interés general.

En todo caso, el hecho de que el legislador se refiera a la licitud de los tratamientos no enerva la obligación de los responsables de adoptar todas las medidas de responsabilidad activa establecidas en el Capítulo IV del reglamento europeo y en el Título V de esta ley orgánica.

El Título V se refiere al responsable y al encargado del tratamiento. Con el fin de aclarar estas novedades, la ley orgánica mantiene la misma denominación del Capítulo IV del Reglamento, dividiendo el articulado en cuatro capítulos dedicados, respectivamente, a las medidas generales de responsabilidad activa, al régimen del encargado del tratamiento, a la figura del delegado de protección de datos y a los mecanismos de autorregulación y certificación.

La designación del delegado de protección de datos ha de comunicarse a la autoridad de protección de datos competente. La Agencia Española de Protección de Datos mantendrá una relación pública y actualizada de los delegados de protección de datos, accesible por cualquier persona.

Los conocimientos en la materia se podrán acreditar mediante esquemas de certificación. Asimismo, no podrá ser removido, salvo en los supuestos de dolo o negligencia grave. Es de destacar que el delegado de protección de datos permite configurar un medio para la resolución amistosa de reclamaciones, pues el interesado podrá reproducir ante él la reclamación que no sea atendida por el responsable o encargado del tratamiento.

Manteniendo el esquema que se venía recogiendo en sus antecedentes normativos, la ley orgánica regula el régimen de la Agencia Española de Protección de Datos y refleja la existencia de las autoridades autonómicas de protección de datos y la necesaria cooperación entre las autoridades de control.

El Título VIII regula el «Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos». También se establece un procedimiento de cooperación entre autoridades de los Estados miembros y, en caso de discrepancia, se prevé la decisión vinculante del Comité Europeo de Protección de Datos.

En consecuencia, con carácter previo a la tramitación de cualquier procedimiento, será preciso determinar si el tratamiento tiene o no carácter transfronterizo y, en caso de tenerlo, qué autoridad de protección de datos ha de considerarse principal.

La regulación se limita a delimitar el régimen jurídico; la iniciación de los procedimientos, siendo posible que la Agencia Española de Protección de Datos remita la reclamación al delegado de protección de datos o a los órganos o entidades que tengan a su cargo la resolución extrajudicial de conflictos conforme a lo establecido en un código de conducta; la inadmisión de las reclamaciones; las actuaciones previas de investigación; las medidas provisionales, entre las que destaca la orden de bloqueo de los datos; y el plazo de tramitación de los procedimientos y, en su caso, su suspensión.

Las especialidades del procedimiento se remiten al desarrollo reglamentario. En este marco, la ley orgánica procede a describir las conductas típicas, estableciendo la distinción entre infracciones muy graves, graves y leves, tomando en consideración la diferenciación que el Reglamento general de protección de datos establece al fijar la cuantía de las sanciones.

La categorización de las infracciones se introduce a los solos efectos de determinar los plazos de prescripción, teniendo la descripción de las conductas típicas como único objeto la enumeración de manera ejemplificativa de algunos de los actos sancionables que deben entenderse incluidos dentro de los tipos generales establecidos en la norma europea.

La ley orgánica regula los supuestos de interrupción de la prescripción partiendo de la exigencia constitucional del conocimiento de los hechos que se imputan a la persona, pero teniendo en cuenta la problemática derivada de los procedimientos establecidos en el reglamento europeo, en función de si el procedimiento se tramita exclusivamente por la Agencia Española de Protección de Datos o si se acude al procedimiento coordinado del artículo 60 del Reglamento general de protección de datos.

La ley orgánica aprovecha la cláusula residual del artículo Finalmente, el Título X de esta ley acomete la tarea de reconocer y garantizar un elenco de derechos digitales de los ciudadanos conforme al mandato establecido en la Constitución. En particular, son objeto de regulación los derechos y libertades predicables al entorno de Internet como la neutralidad de la Red y el acceso universal o los derechos a la seguridad y educación digital así como los derechos al olvido, a la portabilidad y al testamento digital.

Ocupa un lugar relevante el reconocimiento del derecho a la desconexión digital en el marco del derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y la protección de los menores en Internet.

Finalmente, resulta destacable la garantía de la libertad de expresión y el derecho a la aclaración de informaciones en medios de comunicación digitales.

Las disposiciones adicionales se refieren a cuestiones como las medidas de seguridad en el ámbito del sector público, protección de datos y transparencia y acceso a la información pública, cómputo de plazos, autorización judicial en materia de transferencias internacionales de datos, la protección frente a prácticas abusivas que pudieran desarrollar ciertos operadores, o los tratamientos de datos de salud, entre otras.

Se recoge una disposición derogatoria y, a continuación, figuran las disposiciones finales sobre los preceptos con carácter de ley ordinaria, el título competencial y la entrada en vigor.

El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo b Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

a A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos por su artículo 2.

b A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3. c A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. Se encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles.

Se añade el apartado 5 por la disposición final 4. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión.

Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley.

Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante.

Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello podrán también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de este y, en su caso su rectificación o supresión. Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos.

En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán ejercerse, además de por quienes señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.

Conforme al artículo 5. A los efectos previstos en el artículo 5. b Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable.

El mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.

La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas.

No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.

El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.

El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.

El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.

A los efectos del artículo 9. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9. Los tratamientos de datos contemplados en las letras g , h e i del artículo 9. En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte.

El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal.

Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:. a La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia.

El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden.

Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule.

La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica.

Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud.

El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho.

No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo A los efectos establecidos en el artículo Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte.

En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable.

Salvo prueba en contrario, se presumirá amparado en lo dispuesto en el artículo 6. a Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización profesional. b Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios.

La misma presunción operará para el tratamiento de los datos relativos a los empresarios individuales y a los profesionales liberales, cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación con los mismos como personas físicas.

Los responsables o encargados del tratamiento a los que se refiere el artículo Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos:.

a Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. b Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.

c Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe.

d Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito. e Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario.

Cuando se hubiera ejercitado ante el sistema el derecho a la limitación del tratamiento de los datos impugnando su exactitud conforme a lo previsto en el artículo f Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta.

Corresponderá al acreedor garantizar que concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el sistema de la deuda, respondiendo de su inexistencia o inexactitud. La presunción a la que se refiere el apartado 1 de este artículo no ampara los supuestos en que la información crediticia fuese asociada por la entidad que mantuviera el sistema a informaciones adicionales a las contempladas en dicho apartado, relacionadas con el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin de llevar a cabo un perfilado del mismo, en particular mediante la aplicación de técnicas de calificación crediticia.

Salvo prueba en contrario, se presumirán lícitos los tratamientos de datos, incluida su comunicación con carácter previo, que pudieran derivarse del desarrollo de cualquier operación de modificación estructural de sociedades o la aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda, la continuidad en la prestación de los servicios.

En el caso de que la operación no llegara a concluirse, la entidad cesionaria deberá proceder con carácter inmediato a la supresión de los datos, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo prevista en esta ley orgánica. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones.

Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado anterior. No obstante, será posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado.

Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación.

No será de aplicación a estos tratamientos la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de esta ley orgánica. También podrá incluirse en el dispositivo informativo un código de conexión o dirección de internet a esta información.

En todo caso, el responsable del tratamiento deberá mantener a disposición de los afectados la información a la que se refiere el citado reglamento. Al amparo del artículo 2. Esta exclusión no abarca el tratamiento realizado por una entidad de seguridad privada que hubiera sido contratada para la vigilancia de un domicilio y tuviese acceso a las imágenes.

El tratamiento por el empleador de datos obtenidos a través de sistemas de cámaras o videocámaras se somete a lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley orgánica. Será lícito el tratamiento de datos personales que tenga por objeto evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a recibirlas.

A tal efecto, podrán crearse sistemas de información, generales o sectoriales, en los que solo se incluirán los datos imprescindibles para identificar a los afectados. Estos sistemas también podrán incluir servicios de preferencia, mediante los cuales los afectados limiten la recepción de comunicaciones comerciales a las procedentes de determinadas empresas.

Las entidades responsables de los sistemas de exclusión publicitaria comunicarán a la autoridad de control competente su creación, su carácter general o sectorial, así como el modo en que los afectados pueden incorporarse a los mismos y, en su caso, hacer valer sus preferencias.

La autoridad de control competente hará pública en su sede electrónica una relación de los sistemas de esta naturaleza que le fueran comunicados, incorporando la información mencionada en el párrafo anterior.

A tal efecto, la autoridad de control competente a la que se haya comunicado la creación del sistema lo pondrá en conocimiento de las restantes autoridades de control para su publicación por todas ellas.

Cuando un afectado manifieste a un responsable su deseo de que sus datos no sean tratados para la remisión de comunicaciones comerciales, este deberá informarle de los sistemas de exclusión publicitaria existentes, pudiendo remitirse a la información publicada por la autoridad de control competente.

Quienes pretendan realizar comunicaciones de mercadotecnia directa, deberán previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo.

A estos efectos, para considerar cumplida la obligación anterior será suficiente la consulta de los sistemas de exclusión incluidos en la relación publicada por la autoridad de control competente.

No será necesario realizar la consulta a la que se refiere el párrafo anterior cuando el afectado hubiera prestado, conforme a lo dispuesto en esta ley orgánica, su consentimiento para recibir la comunicación a quien pretenda realizarla. Serán lícitos los tratamientos de datos personales necesarios para garantizar la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas.

La comunicación de los datos a los órganos competentes en materia estadística solo se entenderá amparada en el artículo 6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo a Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones.

b Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones previstas en el apartado anterior, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de contar con el consentimiento del interesado o estar autorizados por una norma con rango de ley, en la que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los derechos y libertades de los afectados.

Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

En particular valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta previa a que se refiere la Sección 3 del Capítulo IV del citado reglamento. Para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior los responsables y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse en los siguientes supuestos:.

a Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o cualquier otro perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados.

b Cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudiera impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales.

d Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, en particular mediante el análisis o la predicción de aspectos referidos a su rendimiento en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias o intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su localización o sus movimientos.

e Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y personas con discapacidad. f Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a un gran número de afectados o conlleve la recogida de una gran cantidad de datos personales.

g Cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia, con carácter habitual, a terceros Estados u organizaciones internacionales respecto de los que no se hubiese declarado un nivel adecuado de protección.

h Cualesquiera otros que a juicio del responsable o del encargado pudieran tener relevancia y en particular aquellos previstos en códigos de conducta y estándares definidos por esquemas de certificación.

La determinación de las responsabilidades a las que se refiere el artículo Dicha exigencia se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera en su caso corresponder al responsable o al encargado del tratamiento y del ejercicio por el representante de la acción de repetición frente a quien proceda.

El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos, deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el citado reglamento.

Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro.

Los sujetos enumerados en el artículo El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión. El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas.

Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la señalada en el apartado anterior. Cuando para el cumplimiento de esta obligación, la configuración del sistema de información no permita el bloqueo o se requiera una adaptación que implique un esfuerzo desproporcionado, se procederá a un copiado seguro de la información de modo que conste evidencia digital, o de otra naturaleza, que permita acreditar la autenticidad de la misma, la fecha del bloqueo y la no manipulación de los datos durante el mismo.

La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, podrán fijar excepciones a la obligación de bloqueo establecida en este artículo, en los supuestos en que, atendida la naturaleza de los datos o el hecho de que se refieran a un número particularmente elevado de afectados, su mera conservación, incluso bloqueados, pudiera generar un riesgo elevado para los derechos de los afectados, así como en aquellos casos en los que la conservación de los datos bloqueados pudiera implicar un coste desproporcionado para el responsable del tratamiento.

Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de encargado quien en su propio nombre y sin que conste que actúa por cuenta de otro, establezca relaciones con los afectados aun cuando exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en el artículo Esta previsión no será aplicable a los encargos de tratamiento efectuados en el marco de la legislación de contratación del sector público.

Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien figurando como encargado utilizase los datos para sus propias finalidades. El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado.

No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que obligue a su conservación, en cuyo caso deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su conservación mientras tal obligación persista.

El encargado del tratamiento podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento. En el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un encargado del tratamiento a un determinado órgano de la Administración General del Estado, la Administración de las comunidades autónomas, las Entidades que integran la Administración Local o a los Organismos vinculados o dependientes de las mismas mediante la adopción de una norma reguladora de dichas competencias, que deberá incorporar el contenido exigido por el artículo Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo b Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas.

c Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala.

d Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran escala perfiles de los usuarios del servicio.

h Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores. i Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de gas natural. j Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

k Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la elaboración de perfiles de los mismos.

l Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes. Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a título individual.

m Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas. n Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego.

Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el plazo de diez días a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso en que sea voluntaria.

La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, una lista actualizada de delegados de protección de datos que será accesible por medios electrónicos.

En el cumplimiento de las obligaciones de este artículo los responsables y encargados del tratamiento podrán establecer la dedicación completa o a tiempo parcial del delegado, entre otros criterios, en función del volumen de los tratamientos, la categoría especial de los datos tratados o de los riesgos para los derechos o libertades de los interesados.

El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos.

El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias. Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable o encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio.

Se garantizará la independencia del delegado de protección de datos dentro de la organización, debiendo evitarse cualquier conflicto de intereses. En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 5 de esta ley orgánica.

Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de administración y dirección del responsable o el encargado del tratamiento.

Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos el afectado podrá, con carácter previo a la presentación de una reclamación contra aquéllos ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, dirigirse al delegado de protección de datos de la entidad contra la que se reclame.

En este caso, el delegado de protección de datos comunicará al afectado la decisión que se hubiera adoptado en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la reclamación. Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda en el plazo de un mes.

Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a la autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo establecido en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo.

El procedimiento ante la Agencia Española de Protección de Datos será el establecido en el Título VIII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo.

Asimismo, las comunidades autónomas regularán el procedimiento correspondiente ante sus autoridades autonómicas de protección de datos.

Los códigos de conducta regulados por la sección 5. Dichos códigos podrán dotarse de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos. Dichos códigos podrán promoverse, además de por las asociaciones y organismos a los que se refiere el artículo Los responsables o encargados del tratamiento que se adhieran al código de conducta se obligan a someter al organismo o entidad de supervisión las reclamaciones que les fueran formuladas por los afectados en relación con los tratamientos de datos incluidos en su ámbito de aplicación en caso de considerar que no procede atender a lo solicitado en la reclamación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de esta ley orgánica.

En caso de que el organismo o entidad de supervisión rechace o desestime la reclamación, o si el responsable o encargado del tratamiento no somete la reclamación a su decisión, el afectado podrá formularla ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos.

La autoridad de protección de datos competente verificará que los organismos o entidades que promuevan los códigos de conducta han dotado a estos códigos de organismos de supervisión que reúnan los requisitos establecidos en el artículo Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, por la autoridad autonómica de protección de datos competente.

El procedimiento quedará suspendido en tanto el Comité Europeo de Protección de Datos no emita el dictamen al que se refieren los artículos c del citado reglamento. Cuando sea una autoridad autonómica de protección de datos la que someta el proyecto de código al mecanismo de coherencia, se estará a lo dispuesto en el artículo 60 de esta ley orgánica.

La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán registros de los códigos de conducta aprobados por las mismas, que estarán interconectados entre sí y coordinados con el registro gestionado por el Comité Europeo de Protección de Datos conforme al artículo Mediante real decreto se establecerán el contenido del registro y las especialidades del procedimiento de aprobación de los códigos de conducta.

En todo caso se aplicarán a los tratamientos en que consista la propia transferencia las disposiciones contenidas en dichas normas, en particular las que regulan los principios de protección de datos. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos podrán adoptar, conforme a lo dispuesto en el artículo El procedimiento se iniciará a instancia de una entidad situada en España y tendrá una duración máxima de nueve meses.

Quedará suspendido como consecuencia de la remisión del expediente al Comité Europeo de Protección de Datos para que emita el dictamen al que se refiere el artículo Las transferencias internacionales de datos a países u organizaciones internacionales que no cuenten con decisión de adecuación aprobada por la Comisión o que no se amparen en alguna de las garantías previstas en el artículo anterior y en el artículo a Cuando la transferencia pretenda fundamentarse en la aportación de garantías adecuadas con fundamento en cláusulas contractuales que no correspondan a las cláusulas tipo previstas en el artículo b Cuando la transferencia se lleve a cabo por alguno de los responsables o encargados a los que se refiere el artículo La autorización quedará sometida a la emisión por el Comité Europeo de Protección de Datos del dictamen al que se refieren los artículos La remisión del expediente al citado comité implicará la suspensión del procedimiento hasta que el dictamen sea notificado a la Agencia Española de Protección de Datos o, por conducto de la misma, a la autoridad de control competente, en su caso.

Los responsables del tratamiento deberán informar a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, de cualquier transferencia internacional de datos que pretendan llevar a cabo sobre la base de su necesidad para fines relacionados con intereses legítimos imperiosos perseguidos por aquéllos y la concurrencia del resto de los requisitos previstos en el último párrafo del artículo Asimismo, informarán a los afectados de la transferencia y de los intereses legítimos imperiosos perseguidos.

Esta información deberá facilitarse con carácter previo a la realización de la transferencia.

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¿Cómo se protegen nuestros datos personales?

Author: Fenrigrel

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